Hace diez días comenté acerca de la no-declaración de Begoña Gómez al acogerse a su derecho a no declarar delante del Juez Peinado. Comenté también sobre la posibilidad de que a partir de entonces, el Juez pudiese citar al propio Pedro Sánchez para que declarase como testigo. Pues dicho y hecho. Pocos días después de escribir mi entrada, el Juez notificó a Sánchez que le tomaría declaración como testigo desde el Palacio de la Moncloa para el día 30 de julio, es decir, hoy. ¿Qué ha pasado? Pues lo previsible. Al igual que Begoña, Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar cuando el Juez iba a comenzar su interrogatorio desde Moncloa.
Un hecho que empeora aún más la situación, ya que nunca se había visto a un presidente del gobierno en ejercicio negarse a declarar, en virtud del derecho que le otorga la Constitución a todos los ciudadanos. Un derecho que, como ya dije en la entrada anterior, no comparto personalmente. Pero insisto, el problema es aún más grave de lo que ya era (Que no era poco), ya que estamos ante un presidente del gobierno que, con independencia de que la Ley le permita no declarar, se niega a colaborar con la Justicia en un caso de corrupción y tráfico de influencias que afecta de momento a su mujer como imputada, y puede que dentro de poco a él mismo también, a tenor de las declaraciones que el socio de Begoña, Carlos Barrabés hizo acerca de sus reuniones en Moncloa tanto con Begoña Gómez como con Sánchez para tratar los asuntos que ahora el Juez investiga.
Con esta insólita situación de ver a un presidente del gobierno siendo interrogado por un Juez desde la Moncloa, negándose de hecho a declarar, la pelota vuelve a estar pues en el tejado del Juez Peinado, el cual deberá decidir ahora si decide llamar a otros testigos o decide imputar directamente a Sánchez, elevando con ello el caso al Tribunal Supremo para que el presidente del gobierno testifique ante la Sala Segunda de lo Penal. Un escenario que, de producirse, sería insólito en España, ya que hasta la fecha nunca se ha producido la imputación de un presidente del gobierno mientras éste gobierna desde la Moncloa.
Pero insisto, estamos hablando de suposiciones, ya que una cosa es la imputación de Begoña o incluso la no-declaración de hoy ante el Juez del propio Sánchez (Escenarios que de hecho ya han intentado frenar los abogados y la Fiscalía por todos los medios), y otra muy diferente es la imputación de un presidente del gobierno. Este escenario provocaría que desde norte, sur, este y oeste se hiciese un llamamiento permanente a unas elecciones generales anticipadas, algo que Sánchez no haría ni aunque le ofreciesen la Secretaría General de la ONU.
Por otro lado, es curiosa aunque no sorpresiva la hipocresía absoluta de este miserable, el cual lleva meses afirmando rotundamente su disposición a colaborar con la Justicia. Y resulta que el día que es citado a testificar se acoge a su derecho a no declarar, lo cual demuestra hasta qué punto la pareja presidencial está metida de fango (Término que a Sánchez le gusta mucho emplear cuando le preguntan por este asunto) hasta el cuello en todo esto. Veremos a ver en qué acaba esta abominable situación, aunque ya advierto que tanto Sánchez como Begoña saldrán impunes de este escándalo, al igual que Chaves, Griñán, etc, hace unos días. Es lo que tiene la politización de la Justicia y la decadencia absoluta de un sistema político corrompido hasta las cejas.
Por último debo hacer una reflexión, y es que hace siete años y cuatro días exactamente, el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, declaró como testigo ante la Audiencia Nacional por el Caso Gurtel. Un caso que al año siguiente, y como todos sabemos, acabó llevándose por delante a Rajoy y a todo el PP tras la publicación de la Sentencia no exenta de polémica sobre el caso y la posterior moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa. Pues bien, el 26 de julio de 2017 (El mismo día de la declaración de Rajoy ante el Juez), Sánchez, entonces líder de la oposición, salió de forma impoluta ante los medios para exigir la dimisión inmediata del entonces jefe del gobierno, ya que a su juicio, su comparecencia ante la Justicia suponía un enorme daño a la democracia española.
Pues bien, siete años y cuatro días después de aquello ¿Qué debe hacer Pedro Sánchez con su propia comparecencia? Conviene recordar que en aquella ocasión Rajoy sí llegó a declarar. En este caso, en donde el presidente del gobierno es citado a declarar y encima se acoge a su derecho a no hacerlo, ¿Qué debería ocurrir pues? Si el 26 de julio de 2017 fue un día negro para la democracia española, donde un presidente en ejercicio declaraba ante un Juez, ¿Lo ocurrido hoy en unas circunstancias aún peores es menos importante? Y digo peores porque en 2017, Rajoy compareció en la Audiencia Nacional y testificó, mientras que Sánchez lo ha hecho desde la sede de la presidencia del gobierno, negándose de hecho a testificar. ¿No es esto motivo suficiente para una dimisión inmediata o una moción de censura? Quizás en una hipotética moción de censura liderada por el despreciable Feijóo, Puigdemont podría apuntarse al carro y cobrarse su venganza, ahora que el PSC y ERC han llegado a un acuerdo que permitirá a Salvador Illa ser presidente de la generalitat catalana, desplazando con ello al ex presidente catalán y disipando sus sueños de volver a Barcelona en un baño de masas.
Pero como ocurre siempre, Sánchez volverá a salirse con la suya, por muy mal que parezca que le vayan las cosas actualmente. Ni Feijóo está por la labor de presentar una moción de censura (Y aunque la registrase y la llegase a ganar, todo seguiría exactamente igual con él de presidente), ni Puigdemont tiene ninguna intención de hacer caer a Sánchez, ahora que el presidente del gobierno ha accedido (Aunque haya sido a través de un pacto con ERC y no con Junts) otorgar a Cataluña un concierto económico propio similar al del País Vasco, saltándose con ello la Constitución una vez más y solo unos días después de que el gobierno afirmase rotundamente su rechazo a otorgar ese privilegio fiscal a Cataluña. Pero como se puede ver, estamos ante un nuevo "cambio de opinión" de Sánchez. Nada nuevo bajo el sol.
En definitiva, la situación judicial y política de Sánchez es en estos momentos comparable, e incluso peor después de su negativa a testificar, a la de Mariano Rajoy en 2017. Obviamente, y tras su negativa a colaborar con la Justicia, lo lógico sería que este ser repugnante dimitiese. Pero como eso es un escenario completamente descartado, lo lógico sería que la iniciativa la tomase el deleznable Feijóo a través de la moción de censura. De hecho ya está tardando siquiera a emitir una declaración como la que Sánchez realizó justo tras testificar Rajoy en 2017. Como se puede ver, Feijóo no tiene huevos no ya para presentar una moción de censura de la cual puede salir nuevamente humillado, sino de exigir públicamente en estos momentos la dimisión del presidente del gobierno. La oposición pues, ni está ni se le espera.
Y ya para terminar me encuentro, antes de terminar esta entrada, con una noticia de última hora en la que Sánchez acaba de querellarse contra el propio Juez Peinado por prevaricación tras negarse a declarar ante él hace solo un par de horas. Un Juez que debe decidir ahora sobre la imputación o no de Sánchez y cuyo acoso político y mediático se va a ver incrementado por mil y ampliado en la esfera judicial tras esta querella de Sánchez contra él. La situación pues parece empeorar por momentos y nada hace presagiar que acabará bien... para el Juez, desgraciadamente. Sánchez por su parte está tranquilo, sonriente y vacilante, ya que sabe que nada le repercutirá a él o a su mujer, ni a nivel político ni judicial. De esta forma, el presidente transmite una vez más quién lleva los pantalones aquí, demostrando con ello que él es el dueño y señor del cortijo.
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