España no puede votar así

Cuando estamos a tan sólo cuarenta y ocho horas de conocer los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del domingo, la campaña electoral ha saltado por los aires cuando se han conocido hace unas horas las innumerables casos de corrupción relacionados con el PSOE que ya se extienden de forma imparable por toda España. Corrupción en la que no falta absolutamente de nada, y que reúne todos los ingredientes para una cuarta parte de la trilogía de "El Padrino": compra de votos por parte del PSOE a cambio de empleo, dinero, drogas, secuestros a punta de pistola a concejales para ocultar casos de corrupción, empadronamientos ilegales, sobornos a nacionales e inmigrantes, candidatos pertenecientes a los Latin Kings, etc. En definitiva, toda una grave crisis de corrupción que no sólo afecta ya al PSOE y a Pedro Sánchez, sino también al Estado, ya que lo que está en cuestionamiento es la solidez y la limpieza del sistema electoral en España. Y todo esto cuando estamos, insisto, a cuarenta y ocho horas de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Unas elecciones cuya campaña ha estado marcada primero por la inclusión de los terroristas etarras en las listas de Bildu y que ha terminado con uno de los casos de corrupción más letales para el PSOE y para Pedro Sánchez.

 

Todo comenzó, como ya es sabido, con el estallido de la compra de votos por correo por parte del partido Coalición por Melilla, en la que está involucrado el candidato a la presidencia de esta ciudad y ex presidente de la misma, Mustafá Aberchán (Musulmán, para más señas), y en la cual estaría involucrado el propio Reino de Marruecos, como apuntan algunas fuentes. Después de esto, el caso de compra de votos se ha extendido por toda la península, pero esta vez por parte del PSOE, en donde se han producido ya cerca de una treintena de detenidos relacionados, tanto de forma directa como indirecta, con el Partido Socialista con respecto al fraude electoral que tenían pensado llevar a cabo en un número indeterminado de municipios, cuya lista aumenta conforme pasan las horas. Un caso especial es el del municipio de Mojácar, un lugar que suele frecuentar Pedro Sánchez y en el que se ha visto salpicado el ministro Bolaños. A todo esto hay que sumarle el estallido producido en el pueblo andaluz de Maracena, donde una concejala del PSOE fue secuestrada en febrero de este año, amenazada a punta de pistola y encerrada en el maletero de un coche tras conocerse que ésta tenía documentación relacionada con casos de corrupción que afectaba al Ayuntamiento socialista de este pueblo. Un secuestro en el que está involucrado e imputado el número 2 del socialismo andaluz y ex-alcalde del pueblo, el cual dio su visto bueno al mismo, la actual alcaldesa del municipio y candidata a la reelección en estas elecciones, así como otro concejal socialista. Por no hablar del candidato al Ayuntamiento de Valencia por el Partido Socialista de Valencia, el cual ha renunciado a su puesto en las listas electorales tras haber sido detenido por robo y confirmando posteriormente por la Policía como miembro de los Latin Kings.

Como se puede comprobar, toda una serie de acontecimientos que podrían dar perfectamente para una producción televisiva sobre mafias en HBO o en Netflix. Pero por desgracia, esto no es ficción, sino la política española en pleno 2023. Un panorama que nos lleva al peor de los escenarios y que pone punto y final a la campaña más sucia y peligrosa vivida en España desde las generales de 2004 y que nos remonta a los convulsos años de la II República (Concretamente desde las elecciones generales de 1936), donde la compra de votos por parte de la izquierda era el pan nuestro de cada día. Estamos pues ante un escenario en el cual, y lo digo abiertamente, no es posible votar bajo estas circunstancias. Lo más seguro es que la gravedad de lo ocurrido (Más propia de una República Bananera que de un país europeo) no le importe a la mayoría de los españoles, pero a los que nos sigue importando aunque sea un poco nuestro país y su futuro, sí que nos importa y mucho votar en unas condiciones que demuestran que el sistema electoral (Por no hablar del sistema político) se ha desmoronado completamente. 

Habrá quien diga "¿Y cuál es la solución, según tú?" La solución consiste en suspender estas elecciones de manera inmediata y aplazarlas para diciembre, haciendo que coincidan con las generales. Y sobre todo, que las mismas estén supervisadas por observadores internacionales, ya que no estamos hablando sólo de la irregularidad del sistema de voto por correo, sino de un fraude electoral en términos generales que afecta a toda España. Un sistema electoral cuyo recuento estará supervisado por Indra, la empresa que hace pocos meses intervino el gobierno, lo cual hace más peligroso el verdadero resultado de las elecciones y, a su vez, más necesario que nunca la intervención del exterior para controlar las elecciones que vamos a vivir dentro de dos días, así como las que se celebrarán supuestamente en diciembre. Y digo supuestamente porque ya no sé lo que va a ocurrir de aquí a finales de año. Estamos hablando de una situación extrema en la que puede producirse cualquier escenario, y más si tenemos en cuenta la forma en la que han ido evolucionando los acontecimientos en las últimas horas. 

España, pues, no puede votar bajo estas circunstancias. No podemos cometer 19 años después el mismo error que en 2004, cuando tras el 11-M se debieron suspender las elecciones generales, ya que España había vivido el peor atentado de su historia, y el país estaba en estado de shock tras la gravedad de lo ocurrido. Pero claro, estamos hablando en una situación gravísima en la que está implicado el PSOE y Pedro Sánchez, el mismo que el 1 de octubre de 2016 fue expulsado de su partido tras una jornada en la que se descubrió que intentó falsificar el resultado sobre su futuro en el PSOE a través de unas urnas imprevistas detrás de unas cortinas y sin ninguna garantía legal. ¿Quién puede fiarse de un tipo que en su propio partido realizó tal acto y que pretende repetirlo ahora a través del Estado? Y lo más urgente; ¿Quién garantiza que los resultados de las elecciones del domingo sean los auténticos? Y lo mismo puede decirse de las elecciones generales de diciembre. Por no hablar de la autenticidad de los resultados de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo de 2019, así como los de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. 

Y para finalizar quiero añadir una cuestión aún más preocupante si cabe; si todo esto está sucediendo en unas elecciones municipales y autonómicas, ¿Qué no tendrán pensado realizar para las generales? Estamos hablando de una banda criminal, la cual está compuesta por los socialistas, los podemitas, los asesinos de Bildu y los independentistas catalanes, los mismos que celebraron los referéndums ilegales e irregulares del 1 de octubre de 2017 y del 9 de noviembre de 2014. ¿Quién me dice a mí que los resultados que salgan de las urnas dentro de unas horas van a ser legales y limpios? Porque yo, con independencia del resultado, adelanto ya que no me los creeré. Y para rematar, lo más jodido de todo esto es que la oposición no haya denunciado ante los tribunales correspondientes esta situación de irregularidad absoluta a nivel nacional, ¿O es que acaso cree la derecha que la izquierda les va a dejar paso tan fácil? Si creen eso es que son más ignorantes de lo que creía, que ya es decir. En definitiva, creo que la situación va a ir a más de aquí a diciembre, y que la tensión va a ir en aumento conforme se acerquen las generales. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue sin dar la cara y sin dar explicaciones, ¿Para qué? Sus votantes tragan con todo, y el resto de españoles a él se la traen al pairo. Eso sí, el PSOE ya está victimizándose y acusando al PP de "No querer que la izquierda vote". Este es pues el gravísimo y deplorable escenario que estamos viviendo a pocas horas de las votaciones. Unas votaciones que no deberían de celebrarse bajo estas circunstancias y que demuestran hasta qué punto está degradada la democracia española.