El Fiscal General, condenado

Este pasado jueves se hizo pública una de las noticias del año y, probablemente, una de las más importantes de la historia reciente de España: el Tribunal Supremo condenaba al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación (lo que supone su destitución inmediata como máxima autoridad del Ministerio Fiscal), a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por daños morales, así como al pago de una multa de algo más de 7.000 euros en un fallo judicial sin precedentes que condena al hasta ahora Fiscal General del Estado por un delito de revelación de datos reservados mientras ejercía como alto representante del Ministerio Fiscal. 

Esta condena, la cual, insisto, no deja de ser histórica, puede suponer, a su vez, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué llego a esta conclusión? vayamos por partes. Las reacciones del gobierno y de todos los grupos de izquierdas han sido unánimes: el Tribunal Supremo ha dado un golpe de Estado judicial contra el gobierno y contra la propia Fiscalía al condenar al Fiscal General del Estado. 

Este fallo judicial, cuyo contenido condenatorio no esperaba el gobierno socialista de Pedro Sánchez, supone un duro revés para el PSOE y para el propio Pedro Sánchez, ya que el presidente del gobierno ha puesto en todo momento la mano en el fuego por su Fiscal General, ha hecho de este juicio un pleito contra él mismo y ha reiterado una y otra vez que el Supremo dictaminaría una sentencia favorable hacia García Ortiz. 

Como se puede ver, esto último no ha ocurrido, lo cual nos lleva al escenario que estamos presenciando desde el jueves pasado: un ataque sin precedentes por parte del gobierno, de los partidos izquierdistas y de los medios de comunicación favorables a éstos hacia el Tribunal Supremo y, prácticamente, hacia la mayoría del Poder Judicial. Términos como "golpistas", "fascistas", "políticos con toga", "inquisidores", "lawfare" o "indecentes" han sido algunos de los muchos descalificativos que los Magistrados del Tribunal Supremo han recibido en estos días como consecuencia del polémico fallo judicial. 

Pero la cosa no acaba aquí, ya que incluso se han fundido rumores en estos días donde, según parece, desde el PSOE y otros partidos de izquierdas estarían enviando Whatssaps con el objetivo de que sus votantes se manifiesten y protesten delante de la sede del Tribunal Supremo. Una especie de "pásalo", como ya ocurrió en 2004 contra las sedes del PP tras los atentados terroristas del 11-M pero en una nueva versión y cuyo objetivo sería ahora el Poder Judicial. 

Cuando estamos ya a día 23 de noviembre, dichas protestas no se han producido aún, pero nada exime de que éstas no vayan a producirse más pronto que tarde. De hecho en el día de ayer, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha llamado a la izquierda a movilizarse frente a los, según ella, "togados reaccionarios". Y para colmo, los medios de comunicación favorables al PP y a VOX hablan de una victoria del Estado de Derecho frente al totalitarismo autocrático que representa Pedro Sánchez junto a todos sus secuaces.

Dicho esto debo añadir que no se puede ser más imbécil que aquellos que están lanzando estos vítores. No hay ninguna victoria por parte del Estado de Derecho contra la autocracia de Sánchez. Ya dije en una entrada publicada este mismo mes que fuese cual fuese el fallo judicial, la reputación y el nombre del Ministerio Fiscal, y con ello el de todo el Estado de Derecho en España quedaría estigmatizado por este juicio. Si hubiese habido un fallo en favor de García Ortiz, el daño sería tan inmenso como el que se ha producido.

¿Por qué? Por la sencilla razón de que un Fiscal General del Estado, cuyas funciones son las de velar por la independencia judicial, así como por el interés público, no puede bajo ningún concepto sentarse aún en el banquillo como máximo representante del Ministerio Fiscal, ya que dicha imagen daña de forma irreversible no solo al Poder Judicial sino al propio Estado de Derecho y al ya agónico sistema constitucional de 1978. Habrá quienes digan "pero afortunadamente ha sido condenado" Sí, pero ello no exime que la imagen del Estado de Derecho quede arrasada, con independencia del fallo proveniente del Supremo. 

Los Magistrados han cumplido con su deber, como debía ser, pero ello no excusa que la imagen institucional de la Justicia y de la Fiscalía hayan salido heridas de muerte cuando el máximo representante del Ministerio Fiscal ha filtrado datos personales de un anónimo como consecuencia de que ese anónimo es pareja de una adversaria política del gobierno, en este caso Isabel Díaz Ayuso. Si esto lo hace la Fiscalía con la pareja de, en este caso, la presidenta de una Comunidad Autónoma ¿Qué no hará con cualquier otro ciudadano, ya sea anónimo o personaje público? 

En el caso que nos ocupa hablamos ya de sucesos en los que se persigue, por parte de la Fiscalía, a opositores políticos o a familiares de éstos; y todo por ordenes provenientes del gobierno, lo cual es propio de un sistema totalitario o dictatorial. Álvaro García Ortiz ha sido pues la cabeza de turco que ha pagado, como Fiscal General que era, la filtración ilegal de los datos privados del novio de Ayuso, pero todos sabemos que las órdenes que recibió para que dichos datos se filtrasen provenían de Moncloa, y ahí García Ortiz ha sabido ser leal, sumiso y discreto con Pedro Sánchez.

Volviendo al fallo, insisto, los Magistrados del Supremo han hecho bien su trabajo y les felicito por ello. Pero del mismo modo que el fallo ha sido desfavorable hacia Álvaro García Ortiz, podría haber sido perfectamente favorable, y más cuando desde el propio gobierno se ha presionado sin éxito a los miembros del Poder Judicial (en este caso a los Magistrados del Tribunal Supremo) para que absolviesen al Fiscal General, lo cual empeora aún más el escenario. 

Todo ello mientras el ejecutivo alardeaba que todo se trataba de "una caza de brujas", "lawfare" o "bulos ultraderechistas". Ahora, tras el fallo, el gobierno no solo no se ha quedado callado sino que ha salido en defensa del propio Fiscal General alegando que no comparten dicha sentencia, que García Ortiz es inocente y que el Poder Judicial está politizado. Una lucha institucional sin precedentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que veremos hasta dónde llega. Lo que está claro en estos momentos es que la guerra entre el gobierno y la Justicia ha comenzado y no tiene vuelta atrás.

Pero volviendo a lo que expuse al principio, reitero de nuevo en que todo esto puede quedar en nada. ¿Los motivos? García Ortiz puede recurrir la sentencia, e incluso elevarla, como ya hicieran con éxito hace unos meses Manuel Chaves, José Antonio Griñán y toda la pandilla de los ERE de Andalucía, al Tribunal Constitucional, compuesto mayoritariamente por Magistrados en favor del gobierno y, por ende, de la izquierda española. En el momento en el que García Ortiz presente un recurso ante el Tribunal Constitucional, podemos dar por hecho de forma anticipada que el fallo de dicho Tribunal será favorable hacia el condenado. 

¿Qué ocurrirá entonces? Que con ello se suspenderá el fallo dictaminado por el Supremo a través de un Tribunal cuyas competencias no son en absoluto las de indultar o inculpar a ningún ciudadano por hechos que deben de ser juzgados y dictaminados por la justicia ordinaria, no por un Tribunal cuya única función es la de interpretar y velar por la Constitución, el cual no forma parte además del Poder Judicial. 

Eso, obviamente, es la teoría que establece el Derecho español y la Constitución, pero en la España de Sánchez todo es susceptible de ser invertido. De esta forma, si este escenario se cumpliese, estaríamos ante dos escenarios devastadores. El primero, el de la condena al Fiscal General del Estado, el cual es un escenario justo pero a la vez devastador para el Estado de Derecho, y el segundo ese hipotético recurso de García Ortiz ante el Constitucional, el cual le daría con toda probabilidad la razón a éste, dando con ello un nuevo golpe mortal a la ya devastadora situación política, judicial y social que vive el país. 

Pase lo que pase, es seguro que nada va a quedarse así. Ni el gobierno se va a quedar de brazos cruzados, ni Álvaro García Ortiz va a resignarse con la sentencia del Supremo. La izquierda ha prometido dar la batalla contra el Poder Judicial y en los próximos días o semanas veremos hasta dónde escala ese conflicto político-judicial. Un conflicto que empeorará la ya agónica situación que atraviesa España y en la que se encuentran de por medio los escándalos de corrupción y los informes de la UCO, los cuales tienen cada vez más arrinconados al gobierno del PSOE y a todos sus socios parlamentarios. 

Hay quienes dicen que esta sentencia contra el Fiscal General ha sido un duro revés contra Sánchez, el cual, aseguran, está en shock por un fallo judicial que él no esperaba. Hay, incluso, quienes aseguran que ya no descartan nada, ni siquiera un adelanto electoral. Si alguien a estas alturas piensa que con toda la mierda en la que está el gobierno inmerso, Sánchez va a suicidarse políticamente convocando unas elecciones en las que, según las encuestas, se llevaría un batacazo histórico, no saben después de once años quién es Pedro Sánchez.

El gobierno, y la izquierda en general, aprovecharán para rodear las sedes judiciales, e incluso el Tribunal Supremo, y exigirán que sus votantes salgan a las calles para protestar contra el Poder Judicial. Sinceramente, no sé cuándo podrá ocurrir esto, pero acabará pasando tarde o temprano. Dicho esto, debo reconocer que si hay algo que admiro de la izquierda española es su forma de polarizar y de llamar a las calles a la gente para que vayan a por todas contra quienes ellos consideran "un peligro que hay que erradicar". 

Todo un discurso totalitario y sectario (lo que es realmente la izquierda) pero que tiene su efecto tanto en España como en otras partes del mundo. La propaganda y la movilización izquierdista es pues inigualable, y de todo ello todavía no se han enterado los partidos inútiles y deplorables de la derecha española, los cuales consideran que la izquierda les entregará el poder sin dejarse antes la piel en el camino.

Volviendo a Pedro Sánchez insisto en que este revés del Tribunal Supremo, con independencia de cuál sea el fin de este asunto (si se recurre o no ante el Constitucional), ha provocado que Sánchez se atornille más fuerte que nunca en la Moncloa ante el temor de que todos los casos que afectan a su mujer, Begoña Gómez, a su hermano, David Sánchez, así como a todos los miembros de la trama de corrupción que salpica al PSOE: José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, etc, tengan el mismo final que ha tenido, al menos en el Supremo, el caso del Fiscal General del Estado. 

Sánchez sabe que, ahora más que nunca, es cuando debe permanecer en el poder a toda costa para autoprotegerse. Si eso conlleva ir a un choque contra el Poder Judicial e incendiar las calles, así será; si ello conlleva ir a una situación de bloqueo y de crisis institucional que acabe llevándose a gran parte del aparato del Estado por delante, bienvenido sea. Sánchez está más decidido que nunca de ir a por todas y nada ni nadie lo va a detener. 

Su expulsión del liderazgo del PSOE en 2016 será una broma con respecto a la forma en que, con independencia del tiempo, salga del gobierno en su día. Como dice la Ley de Murphy, de la cual soy un gran fan, "toda situación, por muy mala que sea, es susceptible de empeorar". Eso es precisamente lo que va a ocurrir a partir de ahora. La batalla final del sanchismo ha comenzado.