Debo decir antes que nada que no sé hasta qué punto desde la perspectiva jurídica sería legal los escenarios que voy a plantear, pero creo, y algo de Derecho Constitucional llevo ya encima estudiado, que dichos escenarios podrían ser perfectamente aplicables, puesto que tanto nuestra carta magna como la ley del gobierno de 1997 no dicen lo contrario ante estos supuestos.
Comienzo pues por el primero, el cual tiene que ver con el escenario que nos ocupa desde abril, en el que se habla sobre la posibilidad de que en España se forme por primera vez un gobierno de coalición, es decir, un gobierno entre varios partidos políticos. En estos días hemos visto cómo se producían las negociaciones entre el partido que actualmente ocupa el gobierno de la nación (PSOE), y el partido dispuesto a pactar con el partido del gobierno para entrar en el ejecutivo y marcar unas líneas concretas de un programa político determinado (Podemos). Pues bien, pensando en este escenario, el cual es perfectamente aplicable a otros partidos políticos en vías de negociación para la formación de un nuevo gobierno, he caído en la idea de que hasta el día de hoy ningún partido ha caído en la posibilidad de otorgar su confianza a un partido político determinado a cambio de la creación y otorgación de una cartera ministerial que nadie ha tenido en cuenta jamás en estos cuarenta años de constitucionalismo: La cartera de "Primer ministro".
Me explico. Según la constitución de 1978, las funciones del jefe del gobierno están asignadas al presidente del gobierno, en el caso actual, Pedro Sánchez. Es decir, nuestra constitución, a diferencia de la constitución francesa, portuguesa, italiana, o incluso la inexistente inglesa no prevé la figura de un primer ministro, ya que esta figura la ocupaba en sus inicios el secretario de estado, y desde su creación en el siglo XIX el presidente del consejo de ministros, y actualmente el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es teóricamente nuestro primer ministro nacional, ya que ejerce las funciones constitucionales de un jefe del gobierno aunque no utilice este título de forma oficial. Pero aquí es donde entra en cuestión mi reflexión: Aunque teóricamente las funciones de jefe del gobierno las ejerce como es natural el presidente del gobierno, la figura del primer ministro no existe como tal en nuestra constitución, por lo que en un momento como el actual en el que Podemos ha exigido al PSOE la concesión de diversos ministerios e incluso la vicepresidencia del gobierno, en ningún caso podría impedírsele a éstos que exijan al PSOE la creación de una cartera ministerial denominada "Primer ministro", es decir, una cartera que en teoría sería igual que las restantes, sólo que esta podría ser considerada como una cartera similar a la que se utiliza en otros países europeos denominada "Ministerio sin cartera".
Con la creación del cargo de primer ministro, el presidente del gobierno designa a este ministro especial unas funciones determinadas por parte de presidencia del gobierno, las cuales pueden ser extensas o reducidas, según la voluntad del presidente. Comprendo que si alguien me lee pueda echarse las manos a la cabeza por lo que estoy diciendo, pero semejante burrada y/o locura es completamente factible, ya que existe un precedente. ¿El ejemplo? Cataluña. Durante varios años, en la comunidad autónoma catalana se produjo un extraño escenario dentro de la generalitat catalana. El presidente de la generalitat, jefe del gobierno autonómico, designaba a su gobierno, el cual estaba compuesto por los consejeros. Pero he aquí que de entre estos consejeros, el presidente catalán designaba a un consejero principal, es decir, a un primer consejero, el cual estaba en cierta forma en un estatus político superior al de sus compañeros de gobierno. Este consejero principal podríamos decirlo así que tomaba la forma de primer ministro de ese gobierno, mientras que el presidente de la generalitat con esta designación se auto-otorgaba un estatus político similar al de un jefe de estado (No pregunten el porqué de esta cuestión porque estamos hablando de Cataluña. Creo que con esto queda todo dicho...), con lo que el escenario creado durante unos años en un gobierno autonómico determinado podría ser perfectamente aplicado al gobierno del estado si así lo exigiese el partido negociador con el partido del gobierno.
De hecho podríamos decir que en algunos casos, esta figura de primer ministro se ha vislumbrado en cierta forma durante algún tiempo en España con la vicepresidencia del gobierno, concretamente durante el gobierno de Mariano Rajoy, el cual designó a Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta del gobierno. Como todos sabemos, Soraya ejerció durante su periodo en la vicepresidencia un poder absoluto dentro del gobierno, hasta el punto en el que algunos consideraron que era la mujer que más poder tenía en España desde Isabel II, con lo que en cierta forma podemos decir que después del presidente era la persona que más poder superior con respecto al resto de los ministros tenía dentro del ejecutivo, hasta el punto que dentro de un sistema semipresidencial como el francés se podría considerar que si Rajoy era el presidente, Soraya podía ser perfectamente la primera ministra debido a las innumerables funciones que ésta había recibido del presidente del gobierno. De hecho, durante el gobierno de Rajoy siempre se dijo que quien llevaba verdaderamente el peso del gobierno era la vicepresidenta y no el propio presidente.
La creación de ese cargo de primer ministro podría sustituir o no al cargo de vicepresidente del gobierno, y aunque en las circunstancias actuales Pedro Sánchez no querría ni en pintura aceptar dicha propuesta si esta se le ofreciese ya que ello le supondría compartir el liderazgo del gobierno, no estoy tan seguro de que el actual presidente la rechazase si tuviese la capacidad de diseñar por sí solo todo el gobierno con miembros únicamente del PSOE. ¿Por qué? Muy sencillo; Todos sabemos que los políticos que acaban accediendo a la jefatura del estado o del gobierno de una nación les gusta estar rodeados de grandeza. Aquí en España también ha ocurrido este fenómeno, y Pedro Sánchez más que ninguno, ya que es el primero que le gusta rodearse de pomposidad. Para Sánchez, el hecho de crear este cargo supondría auto elevarse de facto al grado de jefe del estado, ya que estaría designando a un ministro que a su vez no sería un ministro más, sino que ejercería un estatus superior al resto y que asumiría unas funciones especiales, o dicho de otra forma, las migajas de las funciones que Pedro Sánchez no desea o no le interesa ejercer. De esta forma Sánchez, y sus sucesores, si quisieran seguir esta tradición, asumirían en cierta forma un papel paralelo al que ejerce en Francia el presidente de la República francesa, el cual designa a su libre albedrío a su primer ministro, nombrándolo y cesándolo cuando le parece oportuno y conveniente. De esta forma pues la presidencia del gobierno ejercería un papel más institucional aparte del político que ya ejerce. Si Sánchez o cualquier otro político que asuma la presidencia no acepta este escenario no es porque en el fondo no les guste, sino porque de aceptarlo con la condición de incorporar en dicha cartera a un político perteneciente a un partido ajeno al suyo se traduciría en que el gobierno estaría co-liderado por dos personas de partidos políticos diferentes, y esto es lo último que cualquier presidente del gobierno, con independencia del partido político al que pertenezca, desea transmitir a la población. Otra cosa distinta es que ese cargo lo ocupase un miembro del mismo partido que el presidente. Ahí éste podría nombrar o cesar al primer ministro cuando lo estime oportuno, ya que en realidad ese primer ministro no sería más que un ministro especial, pero un ministro más al fin y al cabo, el cual no podría nombrar a los ministros ni ejercer una línea propia de gobierno dentro del ejecutivo, sino simplemente asumir las funciones que le delegue el presidente y coordinar las funciones con los demás ministros. En definitiva, lo que en realidad hace el primer ministro francés. Puede que a tenor de los acontecimientos que estamos viviendo en España no sería de extrañar que este escenario pudiese hacerse realidad más pronto que tarde. Mientras tanto solo es eso, una idea.
El segundo escenario al que voy a hacer referencia tiene que ver con la jefatura del estado y con Felipe VI. Tras la investidura fallida de Sánchez, el rey volverá a celebrar previsiblemente en agosto o septiembre una nueva ronda de consultas para recibir a los líderes de los partidos con representación parlamentaria. Tras esta ronda de consultas, el monarca designará a un candidato a la presidencia del gobierno, como así le faculta la constitución española en las muy pocas funciones que ésta le encomienda al rey.
Dicho esto, todos sabemos que el rey puede proponer como candidato a la presidencia del gobierno a quien él estime oportuno y conveniente. El rey, por contra de lo que se viene diciendo, puede nombrar como candidato a la presidencia del gobierno a cualquier español que reúna los requisitos que la ley exige para desempeñar la jefatura del gobierno de la nación. De hecho en 1981 el rey Juan Carlos I tanteó la posibilidad de designar a su mentor, el general Alfonso Armada como candidato a la presidencia del gobierno para suceder a Adolfo Suárez, algo que finalmente no ocurrió por lo que todos sabemos, pero que en realidad estuvo a punto de ocurrir. También en 1993 se habló de la posibilidad de que tras las elecciones generales de 1993 y ante un escenario en el que Felipe González se quedase en minoría parlamentaria, y José María Aznar no llegase a obtener un resultado digno que le permitiese configurarse como alternativa a González, el rey Juan Carlos I podría designar como candidato a la presidencia del gobierno al mismísimo director del banco Banesto, Mario Conde, con quien el rey tenía por aquel entonces un grado de amistad bastante elevado. Finalmente, este hecho tampoco ocurrió debido a que González quedó en minoría tras las elecciones de junio de 1993, pero consiguió el apoyo de la Convergencia de Jordi Pujol, lo cual le permitió seguir gobernando sin problemas, mientras que Aznar logró obtener un resultado digno que le permitió afianzarse como alternativa al felipismo. Para más inri, Conde cayó en desgracia cuando en diciembre de 1993, Banesto fue intervenido por orden del gobierno de González con el apoyo de Aznar (Se dice que con el fin de quitarse ambos de en medio a un futuro rival para la presidencia del gobierno).
Pues bien, hasta aquí he contado algo que todos sabemos ya de sobra, pero la idea a la que yo he llegado sobre la ronda de consultas del rey va mucho más allá que el nombramiento de un independiente ante la falta de apoyos políticos para nombrar al líder de un partido determinado. Según la constitución española, el rey tiene entre sus escasas funciones coordinar el buen funcionamiento de las instituciones, algo que puede darse a varias interpretaciones desde el punto de vista jurídico, ya que no existe hasta la fecha ninguna ley concreta que desarrolle este punto. Pues bien, ante un escenario como el actual, en el que ningún candidato reúne los apoyos necesarios y el país se ve condenado a ser gobernado de forma permanente por un gobierno en funciones y convocado cada medio año a unas elecciones generales hasta que se configuren unos resultados que de una mayoría a un partido/bloque político concreto, he aquí mi reflexión: Si el rey tras realizar una nueva ronda de consultas y comprobar que ningún candidato reúne los apoyos suficientes para formar nuevo gobierno, ¿Podría ser el propio rey como coordinador de las instituciones quien se autonombrase candidato a la presidencia del gobierno y acudiese a la investidura?.
Sí, han leído bien. El rey podría perfectamente tras comprobar que nadie está capacitado para acudir a la investidura emitir un comunicado y auto designarse él como candidato a la presidencia del gobierno para desbloquear la situación de crisis política. Debemos recordar que en ningún caso la constitución exime al rey de presentarse como candidato a la presidencia del gobierno por su condición de monarca, lo cual es verdaderamente llamativo y sorprendente. El problema residiría no tanto en una prohibición o permisividad legal, sino más bien en una cuestión política, ya que si Felipe VI decidiese presentarse como candidato a la presidencia se estaría burlando de esta forma la separación de poderes que en teoría reconoce la constitución, por lo que España volvería a ser considerada como un sistema absolutista monárquico del siglo XIX, en el que el rey ejerce simultáneamente la jefatura del estado y del gobierno, aunque esta última fuese de forma provisional hasta que se formase un gobierno presidido por un político.
En una monarquía parlamentaria como la nuestra se supone que el rey debe gozar de un papel neutral y ajeno a la acción política, pero insistiendo en la crisis política que vivimos actualmente, si hay alguien que genera entre todos, o al menos se finge eso, consenso a la hora de catalogarlo como un personaje con capacidad para resolver conflictos y sumar apoyos ese es precisamente el rey de España. Por lo que, si la única persona que reúne estos requisitos es el jefe del estado, ¿Por qué no darle la oportunidad a él de dar ese paso y acudir al parlamento a que presente un programa de gobierno aunque ese programa se base únicamente en la formación de un gobierno provisional hasta unas nuevas elecciones generales? Sería algo bastante coherente, ya que si las funciones del rey son, como ya he dicho antes, garantizar el buen funcionamiento de las instituciones y éstas no responden con eficacia en un momento crucial, que sea él quien se encargue de dar solución en primera persona a esa ineficacia como así lo establece la propia constitución. Si se supone que el monarca tiene el apoyo de las principales fuerzas políticas, y se hiciese efectiva su candidatura, ¿Quién de los miembros de los principales partidos votarían en contra de su jefe del estado?. Aunque ya he dicho mil veces que soy republicano, no dejo de reconocer que este escenario de ver a Felipe VI como candidato a la presidencia del gobierno y presumiblemente como presidente sería muy interesante desde un punto de vista político e histórico. De todas formas aunque nuestra constitución no lo prohíba es perfectamente entendible que dicho escenario no se producirá jamás, ya que la imagen de España se vería gravemente deteriorada si el representante de una institución caduca y antidemocrática como es la monarquía asumiese simultáneamente y sin haber pasado por las urnas las dos principales jefaturas políticas de la nación. Aun así, el hecho de que ese escenario no esté prohibido, (Siendo este un fallo bastante curioso de los padres de la constitución, ya que no sólo no vetan la posibilidad de que el rey pueda presentarse como candidato a la presidencia del gobierno, sino cualquier otro miembro de la familia real), hace este escenario aún más curioso y sorprendente a la vez.
Con estas dos reflexiones que he plasmado en esta entrada hago hincapié en los muchos escenarios que pueden producirse en nuestro país ante una situación tan delicada como la actual. Algunas son más factibles, otras menos factibles, pero todas ellas legales. Lo cual da una idea de las muchas lagunas que existen en nuestra carta magna a la hora de desarrollar las funciones tanto del presidente del gobierno como las del propio rey y legislar sobre el papel que deben ocupar las dos principales instituciones de nuestro país. Con esto se confirma una vez más que ante lagunas jurídicas de este tipo, España es un país en el que cualquier cosa puede pasar porque cualquier cosa se pasa por alto.
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