Hoy el PSOE de Pedro Sánchez junto con Podemos han presentado en el Congreso una proposición de ley en la que se reforma el Código Penal, eliminando con ello el delito de sedición, el cual se llamará a partir de ahora "Delito de desórdenes públicos agravados". Una propuesta que se realiza tras haber cedido el propio Sánchez ante las exigencias de ERC a cambio de que los catalanes le aprueben en las Cortes los Presupuestos Generales del Estado. Esta acción lleva consigo la reducción de las penas por delitos como los realizados en el procés catalán de quince a cinco años de prisión, mientras que la inhabilitación pasaría de los quince años actuales a seis con el cambio en el Código Penal.
Esto supondría que por ejemplo Oriol Junqueras vería la posibilidad de poder presentarse con todas las garantías para las elecciones del próximo año, o que Carles Puigdemont pudiese volver a España sin el peligro para éste de ingresar de inmediato en prisión y ser condenado por el delito de sedición que el gobierno del Frente Popular quiere abolir ahora. Por no hablar de que la clase política catalana vería abierta la posibilidad de convocar un nuevo referéndum y/o de declarar de forma directa la independencia con el conocimiento de que no serían juzgados por el delito de sedición.
En definitiva, una humillación más a España perpetrada esta vez no por la clase política catalana, sino por el propio gobierno de la nación, el cual demuestra una vez más la falta de escrúpulos para negociar y poner encima de la mesa la venta de la soberanía nacional a cambio de ganar tiempo y permanecer una temporada más en el poder. Algo que a mí personalmente no me ha sorprendido, ya que después de lo vivido el verano del año pasado en el cual se produjo el indulto a los golpistas catalanes, cualquier cosa era ya posible. Por ello no es de extrañar que de aquí a los próximos meses, e incluso una vez pasada las elecciones generales de 2023/2024 veamos más acciones como las vividas hoy e incluso peores.
Pedro Sánchez ya ha demostrado hace tiempo que cualquier precio para él es razonable con tal de permanecer en la presidencia del gobierno, aunque sea a merced de los enemigos de España. Estamos pues ante un tipo sin escrúpulos y sin dignidad. Un personaje peligroso para la nación al cual hay que destituirlo de forma inmediata, a la misma vez que se debería de iniciar los trámites para la ilegalización del Partido Socialista Obrero Español. Un partido que vuelve a demostrar una vez más que es una formación que antepone su propio interés partidista al de los intereses generales.
Decía Alberto Núñez Feijóo, el actual presidente del Partido Popular, que con este PSOE está visto y comprobado que no se puede negociar nada, y criticaba que la actuación de la formación de izquierdas no corresponde con la "Tradición democrática" del PSOE. ¿A qué tradición democrática se refiere Feijóo? Que yo sepa, desde su fundación en 1879 por Pablo Iglesias, este partido ha sido la formación que más daño ha ocasionado a la sociedad española y a sus instituciones. Tanto durante el periodo de la Restauración, como durante la II República, la Guerra Civil, y ahora durante el periodo constitucional nacido en 1978. Reitero nuevamente que la ilegalización de este partido, así como la destitución y posterior imputación por alta traición del actual presidente del gobierno es una necesidad más que urgente para España.
Desde diversos sectores se ha hablado, y esto lo ha dicho en rueda de prensa la propia Inés Arrimadas, de la posibilidad de que el PP presente una moción de censura contra el actual gobierno ante la gravedad de los acontecimientos, algo que los populares ni confirman ni desmienten. De hecho el propio Feijóo ha hablado esta tarde en rueda de prensa en calidad de presidente del gobierno inminente, afirmando que hará todo lo posible cuando esté en el gobierno para deshacer esta tropelía orquestada por el gobierno. Aún así, el presidente popular no ha dicho absolutamente nada sobre la posibilidad de presentar de inmediato una moción de censura contra el gobierno del PSOE.
En mi opinión, esto que hoy hemos vivido era más que previsible que ocurriese. No entiendo por qué el personal se ha echado las manos a la cabeza ante este nuevo despropósito del gobierno. Parece que después de cuatro años algunos no saben aún en manos de quien estamos. Pero volviendo a la moción de censura debo decir que ésta no solo es necesaria sino obligatoria de presentarla. Sé perfectamente que los números no dan para destituir a Pedro Sánchez e investir a su vez a un nuevo presidente del gobierno, pero la oposición debe demostrar que existe una alternativa posible a este desgobierno y sus socios independentistas y terroristas que nos llevan de forma imparable al abismo. Una buena opción sería, en mi opinión, la de presentar a un candidato independiente a la presidencia del gobierno, el cual sería apoyado por el Partido Popular, VOX y Ciudadanos. De esta forma Feijóo no se vería quemado en la moción de censura, la cual tendría como objetivo único el de convocar de forma inmediata elecciones generales para elegir a un nuevo gobierno que recomponga los gravísimos destrozos ocasionados por Sánchez y compañía.
Aún así, desgraciadamente, la moción no saldría adelante, lo cual nos llevaría a la continuidad de este gobierno y a la aprobación de la reforma del Código Penal. Una aprobación que podría llevarnos nuevamente al escenario de octubre de 2017, pero esta vez con la certeza por parte de los catalanes de que van a salir indemnes de este nuevo golpe de estado, sea cual sea su desenlace. Cabe decir que España no aguantaría nuevamente unos acontecimientos como los vividos hace ahora cinco años, lo cual nos llevaría, esta vez sí, a la independencia catalana y con ello al fin del régimen constitucional de 1978 y a un posible conflicto social. ¿Es esto lo que busca Sánchez? Todo parece indicar que sí, lo cual nos lleva a palabras mayores, puesto que estaríamos hablando de un golpe perpetrado por el propio gobierno para abolir el sistema político nacido hace ya cuarenta y cuatro años. Ante este escenario cabría la posibilidad de que la oposición presente una moción de responsabilidad criminal contra el presidente del gobierno acusándolo de alta traición al Estado, como así establece el artículo 102 de la Constitución. Eso sí, con los números en la mano todo indicaría que al igual que la moción de censura, dicha propuesta tampoco saldría adelante.
¿Qué hacemos pues ante este grave escenario? Esperar solamente. El gobierno está teóricamente en minoría pero tiene tras de sí una mayoría suficiente en el parlamento con los votos de los partidos nacionalistas, independentistas y etarras para aguantar a base de concesiones hasta el final de la legislatura. Y lo más peligroso de todo es que por mucho que ahora nos extrañemos, Pedro Sánchez puede ganar las próximas elecciones generales, lo cual nos llevaría a cuatro años más de concesiones, esta vez hasta el año 2028. ¿Aguantará España tanto tiempo? Por supuesto que no, pero Pedro Sánchez sí. Ahí está el origen y el problema de todo. Por ello, ante una oposición incapaz de poner fin a este gobierno, una Justicia secuestrada por el ejecutivo, un rey imposibilitado para cesarlo y una sociedad capaz de votar nuevamente a la izquierda ¿Cómo podemos parar esta locura? De ninguna forma. Pedro Sánchez tiene todas las cartas a su favor, y él lo sabe.
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