El problema es el sistema

Mucho se está hablando en estos días de la situación en la que se encuentra sumida España tras los resultados de las elecciones generales del pasado 23 de julio. Unos resultados que han vuelto a dejar al descubierto los graves fallos que tiene el sistema constitucional y que con toda probabilidad no van a ser solventados por el próximo gobierno que se forme, con independencia de quien sea. Unos fallos que no se resuelven ya con meras reformas, sino con la derogación del actual sistema político. Y es que la Constitución de 1978 y el sistema político de la Transición está muerto pero no enterrado. Lo llevo diciendo desde que cree este blog hace diez años y sigo diciéndolo a día de hoy. Son muchas las cuestiones que quiero abordar en esta entrada sobre los problemas que deben ser no ya revisados, sino derogados en su totalidad. El problema está en que esa capacidad sólo la tienen los partidos políticos, los cuales han vuelto a dejar al descubierto que son el primer problema que tiene este país junto con la ignorancia y la complicidad del conjunto de la sociedad española.

Para empezar hay que decir que lo que llevamos viviendo desde 1978 no es un sistema democrático, sino un sistema partitocrático en donde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial recae sobre aquellos sujetos que ejercen cargos relevantes dentro del partido político de turno, lo cual supone una violación en toda regla de la separación de poderes que en teoría debe garantizar un Estado de Derecho. Como dijo en su momento mi profesor de Derecho Constitucional "Quien gobierna en España no es el presidente del gobierno, sino el secretario general del PSOE o el presidente del PP". Es decir, el líder del partido político con mayor apoyo parlamentario es quien forma gobierno y por ende quien tiene la capacidad de mando durante los próximos cuatro años. Pero esa capacidad de decisión la hace en función de sus intereses como líder de su partido y no como presidente del gobierno en sí. Es por ello por lo que desde el momento en que toma posesión como jefe del gobierno comienza a nombrar a sus afines en todos los altos cargos de la administración estatal como si él mismo fuese el dueño del Estado (Algo que no es así en la teoría, pero sí en la práctica). 

Un periodo como jefe del gobierno en el que ni la Constitución ni ninguna Ley establece un límite, ya que España, al ser una Monarquía Parlamentaria, no regula ningún límite de tiempo en el que el presidente del gobierno puede estar al frente del país. Algo bastante preocupante si tenemos en cuenta el caso de Pedro Sánchez, el cual ya ha avisado que tiene pensado mantenerse como jefe del ejecutivo durante "Bastantes años", según él. Ya pasó también con Felipe González, el cual estuvo durante catorce años al frente del gobierno; e incluso Adolfo Suárez afirmaba durante la Transición (Viene recogido en libros biográficos sobre él) que tenía pensado estar de presidente del gobierno hasta el año 2010. Si aquí la legislación no establece de forma clara y rotunda el límite de años que una persona puede estar al frente del Poder Ejecutivo, tenemos pues un grave problema; ya que este escenario provoca que el jefe del gobierno pueda estar de forma ilimitada en el ejercicio de su cargo, convirtiendo de facto su presidencia en un régimen personalista en el que nada ni nadie puede hacerle sombra. Dicho escenario se agrava aún más si quien está al frente del país es una persona como Pedro Sánchez, al cual le es indiferente ganar o perder las elecciones, siempre que cuente con mayoría parlamentaria para seguir de forma indefinida en el poder (Aunque esos apoyos parlamentarios vengan de formaciones que quieren liquidar la soberanía española).

El próximo día 17 de agosto se constituyen las cámaras del Congreso y del Senado, saliendo de ahí la persona que presida las respectivas cámaras. ¿Acaso quien salga va a ser una persona independiente? Por supuesto que no. En el Congreso saldrá elegido previsiblemente algún alto cargo del PSOE con el apoyo de los independentistas, etarras, podemitas y demás morralla, mientras que en el Senado saldrá elegido algún alto cargo del PP, ya que en estas últimas elecciones los populares han obtenido mayoría absoluta en la Cámara Baja. Es decir, la presidencia del Congreso recaerá sobre la persona que previamente decida el líder del PSOE y actual presidente del gobierno y jefe del ejecutivo. ¿No habíamos quedado en que el Poder Ejecutivo no puede usurpar los poderes que le corresponden al Poder Legislativo y a la inversa? Por supuesto, pero como aquí no vivimos en una democracia sino en una partitocracia, pues cada uno hace lo que le da la gana. Buena prueba de ello es que los diputados y senadores son aquellos sujetos que designa de previamente y de forma personal el líder de cualquier partido político, y no cualquier persona que de forma democrática decida presentarse por su respectiva formación, quedando a la libre voluntad de los ciudadanos si esa persona es elegida por su circunscripción o no. Otra prueba más de que el pez se muerde la cola, ya que en este caso son los líderes de los diversos partidos los que deciden por los ciudadanos quién sí y quién no les representa por su circunscripción electoral y en qué puesto de la lista. Luego la ley D'Hont hace el resto.

Eso por un lado, por otro tenemos la usurpación del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. ¿Recuerdan ustedes aquello de "¿De quién depende la Fiscalía?"? Pues eso. Nombramientos como el de la Fiscalía General del Estado o la renovación periódica del Consejo General del Poder Judicial demuestran claramente la posesión que los partidos políticos ejercen sobre un poder (En este caso el Judicial) que en teoría debe ser independiente y ejercido por personas ajenas a la actividad política. Pero nuevamente hay que recordar que vivimos en España, y los últimos nombramientos en el Poder Judicial a personas como Cándido Conde-Pumpido (Actual presidente del Tribunal Constitucional) y Dolores Delgado (Fiscal General del Estado hasta el año pasado) son una prueba inequívoca de que en este país basta con tener el carnet de afiliado del partido político de turno que gobierna para poder ejercer las altas magistraturas del Poder Judicial. Por no hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el cual lleva cinco años en funciones a la espera de que los principales partidos políticos alcancen un acuerdo para designar a los nuevos vocales de este organismo. Como se puede comprobar, todo muy independiente. Si el Poder Legislativo no se pone de acuerdo, el Poder Judicial queda bloqueado hasta nueva orden.

Por otro lado tenemos el tema siempre pendiente de la Corona. En estos días se está hablando de la encrucijada en la que se encuentra actualmente el rey a la hora de decidir si es Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo quien debe acudir a la investidura para postularse como presidente del gobierno. Debo decir que en otros países de nuestro entorno, esta situación es mucho más rápida y fácil que en España, ya que en Reino Unido es costumbre que el líder del partido político más votado sea llamado al día siguiente por el rey para formar gobierno y ser investido en ese mismo momento. Así, sin más trámites. En lo que respecta a Portugal es el presidente de la República el que, tras una serie de conversaciones con los partidos con representación parlamentaria, designa directamente al primer ministro del país. En Francia por ejemplo es también el presidente de la República quien designa libremente al primer ministro francés (Normalmente de su partido político), aunque puede verse obligado a nombrar en algún momento al líder del partido de la oposición si su formación es la que ha ganado las elecciones legislativas.

Aquí sin embargo nos encontramos con un proceso que suele durar entre uno y dos meses. Para empezar, el rey convoca a los líderes de los principales partidos políticos no para nombrar a un presidente, sino para decidir quién de ellos reúne los votos necesarios para ir a una investidura, con independencia de que luego esa investidura resulte o no fallida. Una vez obtenida esa investidura, el rey finalmente designa a esa persona como presidente del gobierno. Si por el contrario es rechazada su investidura, el jefe del Estado debe ir nuevamente a consultas para designar, repito, no a un presidente, sino a un candidato a presidente que posteriormente debe nombrar si es investido. En resumidas cuentas, el rey no tiene margen para gestionar la formación de un gobierno. En otros países de nuestro entorno podría ocurrir perfectamente que si el candidato con mayores apoyos parlamentarios lo es con el apoyo de partidos que tienen como objetivo la disolución del país, el jefe del Estado podría perfectamente rechazar esa candidatura. Aquí por el contrario el rey debe llevar la procesión por dentro y aceptar esa candidatura. ¿Por qué? Por dos razones: la primera porque vivimos en una Monarquía Parlamentaria, donde el jefe del Estado no es una persona elegida por el pueblo, sino un monarca; por ello no tiene capacidad decisoria ya que no tiene legitimidad democrática para "Llevar la contraria" a lo que en teoría ha votado mayoritariamente la población. La segunda es que cuando se redactó la Constitución de 1978, sus autores no querían que el por entonces rey Juan Carlos I y ahora el rey Felipe VI llevase a cabo lo que en España se denomina como "Borbonear". ¿Qué es eso? La facultad que la Constitución le otorga al rey para poder tener capacidad de decisión en los asuntos políticos. En 1978 estaba muy presente todavía el papel activo que en su momento realizó el rey Alfonso XIII, el cual fue responsable de muchas de las circunstancias que ocurrieron posteriormente en España. Por ese motivo decidieron no dejar ningún margen de maniobra al rey para poder llevar a cabo ningún tipo de gestión en los asuntos públicos. El problema está en que tan desplumado de poder dejaron hace cuarenta y cinco años la jefatura del Estado que ahora es imposible que ésta pueda hacer frente a ninguna crisis política.

Después tenemos la eterna cuestión territorial, es decir las Comunidades Autónomas. Un sistema territorial que provocó que todos los partidos políticos (Sedientos de poder tras cuarenta años sin poder chupar del bote como consecuencia del Franquismo) pudiesen tener su propio reino de Taifas. Se comenzó con aquellos territorios que la Constitución denominó como "Nacionalidades" (El primer gran fracaso a la hora de redactar la Carta Magna), es decir Cataluña, País Vasco y Galicia. Posteriormente se sumaron Navarra, las dos Castillas, Andalucía, etc. De esta forma se creó un monstruo que lo único que ha provocado en estos cuarenta y cinco años ha sido alimentar y agrandar las ansias de nacionalismo en las denominadas "Regiones históricas". El hecho de que los dos principales partidos políticos hayan pactado con el nacionalismo vasco y catalán para poder formar gobierno ha llevado a que una vez instalados éstos en el poder, los sucesivos gobiernos hayan recompensado a sus socios otorgándoles competencias que según la Constitución, eran de carácter estatal. Esto es un problema en el cual los responsables han sido los dos principales partidos políticos desde la Transición (Tres si contamos a la UCD): PSOE y PP. Los mismos que por otro lado se han visto beneficiados de ese reino de Taifas que he mencionado anteriormente y que son las propias Comunidades Autónomas, las cuales algunos quieren renombrar ahora como Estados en una futura reforma constitucional que nos llevaría a un sistema federal o incluso confederal, y que supondría darle más poder a los distintos territorios que forman España, lo cual no solucionaría nada, salvo darle más poder si cabe a los gobiernos regionales y retrasar un poco el debate de la independencia en Cataluña y País Vasco, aunque seguramente la lista aumentaría después si este escenario se produjese.

 

Si el primer fallo (E incluso fracaso, si se quiere denominar así) a la hora de redactar el título octavo de la Constitución fue la creación del nacionalismo a la hora de definir a los territorios históricos como "Nacionalidades", el segundo fue la creación en sí del propio sistema autonómico, el cual ha provocado la creación de una extensa red clientelar en favor de los partidos políticos que gobiernan en los distintos territorios de España, así como la creación de unos semi-estados en las que cada presidente de su respectiva Comunidad Autónoma se siente como un jefe del Estado en su territorio, el cual maneja como si de su propio cortijo se tratase. Con las continuas cesiones que el Estado ha otorgado a las Comunidades Autónomas en materias tan esenciales como la sanidad y la educación entre otras (En algunos casos incluso la seguridad ciudadana y el sistema tributario, como es el caso de Cataluña, País Vasco y Navarra), los presidentes autonómicos se han convertido pues en los verdaderos gestores de las cuestiones más relevantes que afectan a la ciudadanía, convirtiéndose a su vez en virreyes con palacios, privilegios y un sinfín de poderes que dejan al descubierto las verdaderas intenciones del porqué de la creación del sistema autonómico, que no son otras que las de crear en cada región de España un chiringuito respectivo para los partidos políticos. Ya lo dijo el ex presidente del gobierno, Adolfo Suárez, cuando proclamó aquello de "Café para todos", lo cual lo vendieron como una forma de "Acercar la administración al ciudadano". Definitivamente, después de cuarenta y cinco años se ha podido contrastar que lo que se definió en su momento como una forma de acercamiento entre la administración y la ciudadanía no era más que un simple reparto del pastel.

Por último y para terminar debo hacer hincapié en otra de las cuestiones que estos días está más que nunca de actualidad. Me refiero al sistema electoral. Desde hace cuarenta y cinco años el sistema electoral está regulado de forma desigual, de forma que los ciudadanos de una provincia tienen, en función del tamaño de su territorio, mayor o menos ventaja a la hora de hacerse válido su voto. Esto ha provocado que desde 1978 los partidos nacionalistas hayan podido obtener mayor facilidad a la hora de obtener representación parlamentaria que un partido que se presenta a nivel nacional en todo el país. De esta forma, los nacionalistas han sido y siguen siendo a día de hoy aquellos partidos sobre los que descansan la gobernabilidad de España. Un escenario que ha provocado, como ya he dicho anteriormente, que el Estado haya ido menguando su poder, su autoridad y sus competencias en favor de los organismos autonómicos, en especial de aquellos en donde gobierna el nacionalismo. Algo que por otra parte no les importa lo más mínimo ni a Pedro Sánchez ni a Alberto Núñez Feijóo, ya que ambos están buscando el apoyo de los nacionalistas para ser investidos. Por otra parte está la cuestión relacionada sobre la obligación o no de que gobierne la lista más votada tanto a nivel nacional, como autonómico, como local. En España, hasta el año 2015, era costumbre de dejar gobernar al partido que había ganado las elecciones generales; sin embargo, desde la llegada de Sánchez a la secretaría general del PSOE en 2014, esa tradición pasó a mejor vida. De hecho en estas últimas elecciones el partido más votado ha sido el PP de Feijóo, y sin embargo el actual presidente del gobierno ya ha anunciado que cuenta con los apoyos necesarios para seguir gobernando.

Hay quienes preguntan que de ser así, ¿Para qué molestarse en ir a votar? Total, el que pierde puede seguir si quiere. ¿Para qué votar por una alternativa si luego la ley no establece que esa alternativa pueda formar gobierno si tiene mayoría de votos? Por no hablar del peligro que conlleva que los partidos políticos no escuchen el veredicto de las urnas, lo cual corrobora la tesis de que los intereses de los partidos no son los del interés general. Esta cuestión es pues otro grave fallo o fracaso del sistema electoral español, ya que al no determinarse por Ley la obligación de que gobierne la lista más votada, el sistema político no reconoce ni acepta el resultado de las urnas. Pero esto es un problema que ninguno de los dos principales partidos desean solventar. Por ello, ni la regulación por Ley de que gobierne la lista más votada, ni el reparto igualitario del voto en todas las circunscripciones de España, ni la cuestión de la dependencia nacionalista sobre la gobernabilidad estatal son cuestiones que ninguno de los dos principales partidos quieren poner encima de la mesa para poner fin al incesante chantaje que desde hace cuarenta y cinco años se viene realizando desde Vitoria y Barcelona hacia el resto del país. En Madrid no quieren ni oír hablar sobre una posible reforma electoral. Lo más cerca que hemos estado a la hora de abordar este asunto fue cuando Feijóo dijo hace un mes en plena campaña electoral que estaba dispuesto a reformar la ley electoral... para que las elecciones no se puedan celebrar en verano. Algo que es bastante curioso, ya que él, en calidad de presidente de la Xunta de Galicia, convocó elecciones autonómicas en su territorio en julio de 2020. En fin, vivir para ver.

En mi opinión, el problema no radica ya en la permanencia o no de Pedro Sánchez en el poder. Ya he dicho en otras entradas anteriores que lo que ocurriese tras estas elecciones sólo serviría para ir directamente a la disolución de España como Estado-Nación con Sánchez al frente, o retrasar un poco ese escenario con Feijóo como presidente. Sin embargo el intento de ambas formaciones de entablar conversaciones con los nacionalistas, incluso con Puigdemont por parte del PSOE y del PP (Esto último es lo más sorprendente), no hace sino confirmar que España está condenada al suicidio, con independencia de quien forme gobierno, que en mi opinión será Sánchez nuevamente. En mi opinión, la solución (Si es que se puede hablar a estas alturas de este término) pasaría por ir hacia un sistema de República Semipresidencial al estilo francés, en donde el Presidente de la República tuviese poderes ejecutivos sobre los asuntos de Estado, así como plenos poderes a la hora de llevar a cabo la política exterior y militar del país. Regular una nueva Ley Electoral en la que se establezca la obligación de que gobierne la lista más votada, además de prohibir los partidos nacionalistas, independentistas y terroristas, así como igualar la validez del voto en todas las circunscripciones en España, con independencia del tamaño de las provincias. Por otro lado avanzar hacia una Constitución en la que el sistema territorial sea unitario y en donde el único poder político subordinado al estatal sean los gobiernos locales.

Por otro parte, realizar un referéndum sobre el tipo de Democracia hacia el que España quiere ir: Un sistema representativo o un sistema participativo. Separación e independencia absoluta entre los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las cuales estarían reconocidas y garantizadas en la Constitución y reguladas de forma clara y precisa por Ley Orgánica, así como la participación directa de cualquier ciudadano en la actividad política y la elección directa de éstos por parte de los votantes. Y ya por último establecer en la Constitución la limitación de mandatos a dos legislaturas para todos los cargos públicos (Desde el presidente del gobierno hasta el último concejal, pasando por los diputados, alcaldes, etc), así como el reconocimiento claro de la nación española y la garantía absoluta de su unidad territorial. Creo que con estas bases se podría avanzar hacia una España más próspera, unida y fuerte. El problema está en que vivimos en una realidad bien distinta, y nada ni nada va a parar la desintegración que se nos viene encima. Una desintegración que será gracias no sólo a los políticos de turno, sino sobre todo al sistema que nació hace cuarenta y cinco años y que ahora hace aguas por todos lados.